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La orden del presidente es clara: rescindir todos los contratos con empresas israelíes. Defensa acata, pero con una salvedad: los componentes o tecnologías que no puedan ser sustituidas por proveedores de otros países. En esa excepción incluye el contrato de mayor importe. El de la compra de lanzacohetes SILAM, de licencia hebrea pero fabricados aquí, por una empresa española. También considera insustituibles los misiles Spike que Israel está utilizando en Gaza. Sumar no acepta ninguna excepción. "Todos los contratos que se formalicen relativos a la compra de armamento con un estado genocida tienen que ser revocados", insiste Yolanda Díaz. La ministra de Defensa, de la que dependen la mayor parte de esas compras, guarda silencio. Desde el Gobierno, el ministro Planas reconoce que ha sido un complicado ejercicio de equilibrio. Habrá que estudiar contrato a contrato. España se arriesga a una penalización por cada compromiso de compra que cancele. Israel acusa al Gobierno de poner en juego la seguridad por fines políticos.

-Redacción-