Tras el dramático desahucio de Maricarmen en Madrid, el Gobierno trabaja contra reloj para sacar adelante un nuevo decreto que proteja a los inquilinos.

Pero lo más complicado es convencer a sus socios para que salga adelante. Junts exige condiciones: bonificaciones fiscales a los propietarios. En el ala de Sumar en el Gobierno se muestran receptivos, y según Junts, también el PSOE. Quien mantiene en el aire su apoyo es Podemos.

En el otro extremo, el Partido Popular que mantienen que la única solución es construir más de un millón de viviendas.