La acampada en Sol añade presión a un Gobierno cercado, ahora también, por el grave problema de la vivienda en España.

Pese a la aprobación en 2023 de la primera ley de vivienda de la democracia, y de las promesas de hacer de este derecho el quinto pilar del Estado del Bienestar, el acceso tanto a la compra como al alquiler es cada vez más difícil, por no decir imposible, para una gran parte de los españoles.

El Gobierno reparte culpas, mientras estos días negocia contrareloj con la derecha nacionalista catalana, inclinada por los propietarios.

Urge redactar un real decreto que apacigüe los ánimos tras el caso de Maricarmen.

Y lo debe hacer sin perder el apoyo de sus socios de la izquierda de cara al Consejo de Ministros de este martes.

Enfrente, un PP que tiene claro que este nuevo 15-M señala a Sánchez y duda de la capacidad de este Gobierno de solucionar un problema del que le responsabilizan.

Oponen su modelo que pasa, básicamente, por construir, liberalizar suelo, aligerar burocracia, ayudas a jóvenes y dar garantías a los propietarios.