La Guardia Civil descubrió una fábrica de tabaco falsificado en Córdoba. Estableció un dispositivo de vigilancia para constatar que tenían retenidos en contra de su voluntad a 18 inmigrantes asiáticos y de Europa del Este. Estaban encerrados, trabajando sin descanso las 24 horas, en dos turnos, sin salir al exterior e incomunicados. Siguió a uno de los responsables, que les llevó hasta una segunda fábrica en Málaga. Así detuvieron a 21 personas, acusadas de trata de seres humanos, delitos de estafa contra la Hacienda Pública, contrabando de tabaco, pertenencia a organización criminal y delito contra la propiedad industrial. Las víctimas habían sido captadas con falsas ofertas de empleo para la construcción. Al aterrizar en el aeropuerto de Málaga, los miembros de esta trama les quitaban los teléfonos para impedir que pudieran denunciar o alertar a sus familiares. En una furgoneta los trasladaban hasta unas naves. Debían saldar una deuda de 3.000 euros por el viaje. En el registro de las fábricas han intervenido efectos propios de la fabricación fraudulenta valorados en más de 3 millones de euros. La capacidad productiva de la organización alcanzaría los 8 millones de cigarrillos al día, lo que conlleva un fraude a la Hacienda Pública superior a los 2 millones de euros diarios.