X019-VARIOS OP POLICÍA ESTAFAS ONLINE

01 de octubre 2025 - 11:07

Varias localizaciones

Agentes de la Policía Nacional han liderado una operación, bajo la coordinación de EUROJUST, con la participación de las autoridades de Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, en la que se ha desarticulado una red criminal internacional que blanqueó más de 102 millones de euros procedentes de estafas de inversión online. Se han embargado un total de 50 cuentas bancarias en España y 33 en distintos países europeos, se han intervenido monedas virtuales por valor de 80.000 euros y 20.000 dólares La organización criminal había creado un entramado de sociedades ficticias y plataformas fraudulentas para captar víctimas en al menos 30 países.

La investigación comenzó en octubre de 2022 tras una denuncia de las autoridades lituanas, que alertaban del uso de una plataforma financiera para canalizar fondos procedentes de estafas. El análisis reveló que la red criminal había estado operando desde 2019 mediante plataformas fraudulentas de inversión causando graves perjuicios a miles de víctimas en más de treinta países europeos.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada - UDEF Central.

El modus operandi consistía en captar inversores mediante páginas web profesionales y falsas gestoras de inversión, que ofrecían rentabilidades irreales en criptomonedas, divisas o productos tecnológicos.

La organización criminal contaba con teleoperadores que, bajo una aparente profesionalidad, se ganaban la confianza de las víctimas para inducir a realizar transferencias bancarias a cuentas a nombre de sociedades pantalla. Estas sociedades, en realidad, carecían de actividad económica real y solo servían como receptoras del capital obtenido fraudulentamente.

El volumen económico defraudado asciende a 102.908.705 euros, de los cuales más de 12,2 millones tienen origen en víctimas residentes en España. Esta cifra se basa en movimientos bancarios verificados y trazabilidad de criptoactivos, aunque se estima que las pérdidas reales pueden ser aún mayores debido a víctimas que no han denunciado.

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