Agentes de la Policía de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona desmantelaron, el pasado 11 de octubre, una organización criminal dedicada a las estafas financieras en el ámbito inmobiliario en toda España mediante la simulación de poderes notariales sobre inmuebles. El dispositivo finalizó con la detención de 22 personas de entre 30 y 40 años principalmente, en varias localidades de Cataluña y también en Sevilla, donde los investigadores de la DIC se desplazaron para realizar las detenciones con la colaboración de la Guardia Civil. La investigación arrancó en mayo del 2025 a raíz de la denuncia en Figueres por parte de un despacho notarial por una supuesta estafa de grandes cantidades económicas perpetrada de forma continuada por parte de una organización criminal. El entramado estaba especializado en la simulación de poderes notariales sobre inmuebles que no eran de su propiedad para acabar solicitando créditos, que no devolvían, a inversos privados, con las propiedades como aval en caso de no devolver el dinero. De esta forma, la organización defraudó más de 1.200.000 euros a una pluralidad de víctimas. Las primeras gestiones de investigación determinaron que uno de los principales líderes se movía entre Sevilla y Cataluña. Un perfil que se relacionaba con otros miembros del grupo localizados principalmente en Rubí (Vallès Occidental) y en Manresa (Bages). La estafa se componía de varias fases e iba condicionada a la comisión previa de delitos de usurpación del estado civil y falsificación documental para perpetrarla. La primera fase de la operativa delictiva se centraba en la búsqueda en portales de compraventa de inmuebles de alto valor económico que pudieran llamar la atención de inversores. A partir de ahí, los investigados solicitaban información por diferentes vías, como el Registro de la Propiedad para conseguir los datos personales de los propietarios y saber si los inmuebles seleccionados estaban libres de cargas. Unas comprobaciones enfocadas a que futuros inversores pudieran inscribirse una opción de compra sobre los productos inmobiliarios. La segunda fase se iniciaba una vez obtenían los datos de los titulares de las fincas. A partir de ahí, miembros de la organización elaboraban documentación falsa para usurpar la identidad de los propietarios y otorgar poderes notariales para la libre disposición de la finca en favor de otro de los miembros del entramado criminal, que en algún caso era un abogado, que actuaba como apoderado y que fue detenido el día de la explotación de la investigación. Con los poderes otorgados comenzaba su tercera fase basada en concretar operaciones con inversores inmobiliarios. Los investigados contactaban con asesores o intermediarios de financiación y, simulando alguna situación personal de necesidad y en la que la persona titular se había visto obligada a otorgar poderes notariales a un tercero, solicitaban un crédito de importe elevado, a menudo de entre 100.000€ y 300.000€, el cual querían avalar con el poder avalar con la misma. Este crédito se materializaba mediante una opción de compra a un plazo relativamente corto –habitualmente de 12 meses- en favor del inversor que, en caso de una situación de no retorno del crédito, podía adquirir el inmueble por un precio claramente menor de su valor real. Con las condiciones de la operación financiera acordadas, ambas partes se citaban ante notario para materializarla con las pertinentes firmas y la entrega del importe del crédito mediante transferencia bancaria. La última fase de la acción delictiva consistía en la división del beneficio obtenido entre los miembros de la organización y la realización de inversiones, compras y movimientos bancarios con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero. De hecho, el equipo investigador pudo acreditar la adquisición de inmuebles de forma conjunta entre algunos investigados así como operaciones de inversión y compras de vehículos y sociedades en fechas inmediatamente posteriores a las de las consumaciones de

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