La reforma de la Ley del Aborto de Irene Montero en 2023 y avalada por el Constitucional prohíbe, a no ser que lo requiera la mujer, cualquier información alternativa, que pueda hacer que se replantee su decisión como la ayuda a la maternidad o para patología fetal. Lo obligatorio es un consentimiento informado que las mujeres firman y que salvo excepciones se limita a la técnica de la intervención y consecuencias físicas a corto plazo. Y en algún caso depresiones postaborto o alteraciones del deseo sexual postaborto. Los trabajadores de los centros municipales de salud de Madrid se niegan a informar de un síndrome del que no hay evidencia científica. Consideran que pretenden coaccionar a las mujeres.