Los familiares de los fallecidos ya mostraban pancartas y fotografías antes de la llegada de los investigados. Para ellos, estas palabras: “Que sean valientes y que nombren y señalen a los cómplices de estos protocolos”. Debían declarar los exaltos cargos de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, pero también Antonio Burgueño, entonces asesor sanitario de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Al llegar a los juzgados, la familiar de una de las víctimas se dirige a él en estos términos: “¿No tiene nada qué decir? Esta era mi madre, ustedes colaboraron en matarla”. Entre increpaciones de otros familiares, la respuesta de Burgueño resulta enigmática: “En esta España las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio”. La querella por la que deben declarar alega posibles delitos de denegación de servicio público por discriminación. Pero al filo de la 1 de la tarde los abogados de la acusación anuncian a los medios que se ha suspendido la declaración poque la defensa alegó que no les habían dado traslado de las actuaciones. Según los abogados de las familias. es una estrategia, una maniobra dilatoria de la defensa para ganar tiempo. No hay fecha, de momento, para las declaraciones de los investigados.