Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de Inspección de Trabajo de Palencia, han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la explotación laboral de migrantes en obradores de pan. Las víctimas trabajaban durante jornadas de hasta 17 horas diarias, sin descanso y en condiciones extremas de calor e insalubridad. El entramado criminal se aprovechaba de la vulnerabilidad de las víctimas mediante engaños administrativos, amenazas y vigilancia permanente. La investigación culminó con cinco registros simultáneos, la clausura de los dos obradores y la liberación de 12 víctimas. Han sido detenidas cinco personas en las provincias de Palencia y Alicante. La investigación permitió constatar que la organización criminal se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras. El método empleado consistía en la obtención de certificados de insuficiencia de candidatos emitidos por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, documentos que posteriormente eran utilizados para tramitar autorizaciones de residencia y trabajo. Para la gestión de estos trámites se realizaban pagos en efectivo que oscilaban entre los 15.000 y 20.000 euros, canalizados a través de intermediarios. Una vez en España, las víctimas eran sometidas a constantes presiones y amenazas, advirtiéndoles de que, en caso de no cumplir las condiciones impuestas, se iniciaría la revocación de sus permisos de residencia y trabajo, con el consiguiente riesgo de perder su situación administrativa y ser deportados a su país de origen. Las personas explotadas vivían y trabajaban en condiciones absolutamente inhumanas, siendo obligadas a desempeñar su labor en obradores de pan y pastelería donde las temperaturas superaban los cuarenta grados. El empresario les prohibía abrir puertas y ventanas, lo que agravaba aún más las condiciones ambientales, llegando las víctimas a desnudarse para poder soportar el calor extremo. Las jornadas laborales se extendían entre 10 y 17 horas diarias, todos los días de la semana, sin descanso alguno, sin vacaciones y sin recibir compensación económica. Los centros de trabajo presentaban graves deficiencias higiénico-sanitarias, con presencia de insectos y roedores, lo que evidenciaba la absoluta falta de medidas de salubridad. Además, parte de las víctimas residía en viviendas ocupadas por el empresario o colindantes a los obradores, donde las facturas de consumo debía abonarlas el auténtico propietario el cual era sometido a coacciones por parte de los miembros de la organización criminal.