Los centros privados de FP tendrán que tener una calidad mínima para que sigan funcionando. Igual que hizo el Gobierno con las universidades privadas para evitar que se conviertan en chiringuitos, el Gobierno pretende ahora meter mano a los centros privados de FP ante la avalancha de nuevos centros. Será a través de un decreto ley, pero todavía no se conoce qué requisitos tendrán que cumplir. Lo cierto es que la formación profesional está disparada: en seis cursos, el número de alumnos ha crecido más de un 40%. Ante la falta de plazas públicas, muchos estudiantes se ven abocados a estudiar en centros privados, sobre todo la FP superior, la más ansiada, convertida en un negocio de primer orden para muchas empresas. El 13% de los alumnos cursa FP en centros concertados y más de un 20% en centros privados. La inserción laboral de los alumnos de FP roza el 90% nada más terminar de estudiar.