La Guardia Civil investiga a 36 personas y dos empresas por la comisión de delitos de usurpación de aguas públicas y contra el medio ambiente. Se investigan hasta 20 delitos por el aprovechamiento de recursos hídricos que afectan al medio ambiente. Durante casi un año de operación policial, los guardias civiles han llevado a cabo 110 inspecciones de infraestructuras de extracción y manipulación de aguas, principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación. El principal delito fue presuntamente cometido por los responsables de una empresa de venta de materiales de construcción que, durante al menos cinco años, extrajeron agua de pozos para su venta y reparto ilegal con cisternas a viviendas, piscinas o para uso industrial. Se estima que utilizaron 2.400 cubas, equivalente a un volumen de 12 millones de litros, y cuyos beneficios superarían los 240.000 euros, sin contar con el daño y perjuicio para el dominio público hidráulico.