Hace tiempo que expertos en redes sociales y pedagogos reclaman un control de edad para usar estas plataformas. En Australia, recientemente se ha establecido ese límite para menores de 16 años pero son las plataformas quienes hacen la verificación, obligando a dar datos de identidad o por biometría, algo muy cuestionado por los expertos, al romper con la privacidad del usuario. En España se prevé utilizar un sistema basado en la Cartera Digital Europea, menos intrusivo, pero no estará desarrollado hasta dentro de al menos un año. Por otro lado existe el riesgo de que los sistemas de verificación puedan ser evadidos, sin embargo la prohibición de acceso a menores lanza un importante mensaje a los padres para que se conciencien del peligro que supone el consumo del contenido que ofrecen las redes a sus hijos. Además, la ley no contempla sanciones a los padres si sus hijos incumplen estas limitaciones pero sobretodo los expertos insisten en su papel fundamental como educadores en este asunto La ley anunciada por Sánchez tiene otra pata que es la del seguimiento de los discursos de odio y la desinformación para multar a las plataformas que no los eliminen, unos contenidos muy lucrativos para éstas. Sin embargo, por ahora el Gobierno por ahora no ha especificado quién se va a encargar de decidir qué es un discurso de odio o un bulo y qué no lo es.