El número 14 de la calle Sant Agustí, en el corazón del barrio de Gràcia, se ha llenado esta mañana de vecinos y representantes de colectivos que defienden el derecho a la vivienda en Barcelona. Después de tres horas de protestas han logrado paralizar el desahucio de Txema Escorsa, un inquilino que paga 800 euros de alquiler por su piso completo. El contrato sigue vigente y por eso se niega a irse. La empresa New Amsterdam Developers (NAD) es la nueva propietaria del inmueble. Un fondo de inversiones que pretende dividir cada piso en tres habitaciones y arrendar cada una de ellas por 1.000 euros mensuales, beneficiándose de un total de 3.000 euros al mes.

De los once pisos que hay en el edificio, ya solo quedan cinco inquilinos. Este modelo conocido como 'coliving' que, busca "expulsar a los vecinos de toda la vida para maximizar el beneficio inmediato", asegura Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de la vivienda de Cataluña. Desde el Sindicato de Vivienda de Gràcia, la portavoz Berta Munné ha sido tajante: "Si hoy se ha parado este desahucio no ha sido por la voluntad negociadora de la propiedad, que ha querido ejecutarlo en todo momento, sino por la gran cantidad de gente que había en la calle defendiendo la puerta".

La comitiva judicial ha decidido aplazar el lanzamiento hasta el próximo 15 de abril. Txema se ha mostrado satisfecho, aunque prudente: "No pedimos privilegios, solo una renovación de contratos conforme a la ley para mí y para mis vecinos", ha declarado visiblemente emocionado tras conocer la noticia.

El caso ha ascendido hasta las instituciones políticos. El Ayuntamiento y el President de la Generalitat, Salvador Illa, han manifestado su "rechazo frontal" a la ejecución del desahucio. El Presidente de la Generalitat ha escrito en un twitter: " Nos oponemos frontalmente al desahucio de los vecinos de la calle Sant Agustí del barrio de Gràcia. En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio. Desde el Govern estamos actuando contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa. Hemos activado todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos".

Los colectivos de vivienda han aprovechado la jornada para lanzar un mensaje directo al Congreso de los Diputados: instan a Junts a no tumbar la proposición de ley que se votará el próximo mes para impedir las compras especulativas de edificios residenciales. Por ahora, Txema podrá dormir en su casa. Le han dado una corta tregua. El 15 de abril el representante del juzgado volverá a llamar a su puerta.