Lleva desde 1956 viviendo en una casa que alquiló su padre y cuyo contrato heredó primero su madre y luego ella. Dos subrogaciones que han llevado a un grupo inversor, el segundo porque antes compró el edifico y su casa, que habita desde hace 69 años, un fonde buitre, a tratar de desahuciarla. La primera victoria judicial la consiguió Maricarmen, el juzgado tuvo en cuenta sus circunstancias especiales, pero al recurrirlo ante el tribunal superior, el fallo ha caído del lado del grupo inversor al que Maricarmen califica sin duda de “especulador”. Y lanza una pregunta al aire, que quiere que llegue a la jueza, dónde se va a ir si no tiene familia directa, ni dinero para hacerlo. Vive de su pensión. Con 21 años, a la muerte de su padre, tuvo que ponerse a trabajar para sacar adelante a la familia, incluso compatibilizando dos trabajos a la vez “desde las siete de la mañana, a las nueve de la noche”, recuerda. Su casa está en el barrio del Retiro, en pleno centro de Madrid, y el fondo buitre pudo comprarla por tan solo 247.000 euros, cuando el valor de mercado se puede acercar a los 900.000 euros. Es el precio que le ofrecieron a ella, podía ejercitar su derecho de tanteo, pero que no pudo asumir. La pelea la empezó en 2018, pero no ha terminado aún. Junto con el Sindicato de Inquilinas piden una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que proteja a personas vulnerables como ella. Una iniciativa que han calificado como” enmienda Maricarmen”. Duerme mal por las noches y lleva el dolor por dentro, explica. Tiene además un 50% de discapacidad (un 65% la salvaría del desahucio), con problemas cardiacos y dos prótesis de cadera, pero está fuerte y asegura que no se va a marchar. Al tiempo que anima a mujeres como ella a pelear, a defender sus derechos. Y eso hará el próximo 29 de octubre, cuando está previsto el desahucio.