Maricarmen tenía poco más de 80 años cuando empezó todo, cuando un fondo compró el edificio entero y, después, vendió su casa a Urbagestión y le comunicó que tenía que dejar su casa. No le hizo caso, es la vivienda que habita desde que era una adolescente, con sus padres, un alquiler de renta antigua que heredó de su madre, que no pudo firmar el contrato original simplemente por ser mujer, y, que a su vez lo recibió de su marido cuando murió. El padre de Maricarmen murió joven y ella tuvo que ponerse al frente de la casa, trabajar en varios sitios y ayudar al padre. Su hermano sí pudo estudiar, porque era e varón. Más de 40 años cotizados después, tuvo que jubilarse antes de la edad ordinaria, por lo que su pensión es de poco más de 1.400 euros. Pagaba 500 de alquiler y podía vivir con tranquilidad. Pero el nuevo propietario le pidió un alquiler, primero 2.650 euros y después 1.650, que, simplemente no podía asumir. Ahí empezó la batalla judicial para impedir su desalojo, un juez le dio razón en primera instancia, pero un recurso en la Audiencia Provincial acabó dando la razón al propietario y empezaron las amenazas de desahucio. Tres intentos octubre de 2025, junio de 2026, julio de 2026 y, finalmente el que se ha ejecutado esta semana, 23 de septiembre de 2026. Siete años de lucha, en noviembre cumplirá 88 años, que han acabado con su salud, está en silla de ruedas, y le ha restado fuerza a su voz. La compañía del Sindicato de Inquilinas todos estos años y la solidaridad de la gente la han sostenido, incluso ahora, que está en el hospital Gregorio Marañón, recuperándose de un cuadro de agotamiento y, aunque no ha recuperado su fuerza en la voz, no ha perdido sus ganas de luchar y el deseo, manifestado desde el primer día, de que su caso sirva para que se cambie la ley no haya ningún desahucio más. Ella es la primera vela, detrás de ella, para que no se apague, se ha desatado una reacción de solidaridad y manifestaciones por toda España con el lema "Ni una Maricarmen más".