Policía y Guardia Civil han liberado a 162 mujeres de origen sudamericano que eran víctimas de una organización criminal que las obligaba a ejercer la prostitución. Los 37 detenidos, nueve de los cuales ya han ingresado en prisión, las explotaba sexualmente en inmuebles y locales que adquirían y hacían pasar por negocios de masajes pero que convertían en prostíbulos. Los agentes han practicado 39 registros en siete provincias diferentes, aunque la red estaba asentada principalmente en la Comunidad Valenciana. La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de tres víctimas que declararon haber sido explotadas sexualmente por varios individuos en diferentes localidades españolas. La mayoría de las mujeres carecían de permiso de residencia y trabajo en España.