La Audiencia Provincial de Álava acoge desde este lunes el juicio contra Jaime Roca por acabar con la vida de su pareja, Maialen Mazón, y de los mellizos que esperaba. Estaba embarazada de 14 semanas. El procesado se enfrenta a 45 años de cárcel por un crimen que, el 28 de mayo de 2023, conmocionó a la sociedad vasca y obligó a una reestructuración profunda de los protocolos de protección a las víctimas de violencia de género. Hoy se ha compuesto el jurado popular en la sala.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el escenario de este triple asesinato fue un apartahotel de la zona de Armentia, en Vitoria. La mujer, de 32 años, fue apuñalada mortalmente en presencia de su otra hija, de dos años. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, siendo interceptado horas después por la Guardia Civil en la AP-1, cuando trataba de escapar en un taxi. La menor quedó 12 horas abandonada junto al cadáver de su madre.

El caso de Maialen Mazón puso al descubierto fallos críticos de coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Se había mudado a Vitoria huyendo de su maltratador desde la Comunidad Valenciana. Tenía en vigor una orden de alejamiento dictada por un juzgado de Castellón. En aquel momento, los sistemas informáticos de la Ertzaintza y del sistema VioGén del Ministerio del Interior no estaban plenamente integrados. Solo unos días antes del asesinato, una patrulla identificó a la pareja en un control rutinario en un hotel. Pero ella, por coacción o por miedo, minimizó el peligro ante los agentes. Al no disponer de su historial completo de riesgo en los terminales de la policía vasca, calificaron la situación como de "riesgo bajo". Aquella falta de información impidió una intervención que habría evitado este desenlace.

El Departamento de Seguridad vasco, entonces liderado por Josu Erkoreka, decidió implementar cambios estructurales para blindar las grietas del sistema. Se ha establecido una "ventanilla única" de datos. Cualquier medida de protección dictada en cualquier punto de España activa ahora una alerta roja inmediata en los dispositivos de la Ertzaintza. Se ha creado la figura de la "Mujer Desplazada", con un protocolo específico de verificación inmediata para las víctimas que entran en Euskadi con expedientes abiertos en otras comunidades. El cambio más significativo es el cambio de paradigma en la valoración del riesgo. La vigilancia máxima se mantiene de oficio si el historial del agresor es violento, con independencia de que la víctima, por miedo o coacción, declare no sentirse amenazada.