Tener reconocidos unos derechos no siempre significa poder ejercerlos. Eso es lo que denuncia el primer informe sobre la implantación de la Ley ELA, que señala retrasos administrativos, diferencias entre comunidades autónomas, falta de profesionales y ayudas que, en algunos casos, llegan demasiado tarde. Piden medidas más ágiles para las familias afectadas.

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PORTAVOZ LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE ELA ( CONELA )