En solo cuatro días más de 27.000 personas se han sumado a su petición. Con esta recogida de firmas pide que garanticen el buen funcionamiento de las pulseras. Hace ya 12 años que se divorció de su marido. Tras la separación, su maltratador comenzó a acosarla, y en 2016 un juez le impuso una orden de alejamiento con pulsera. Los avisos llevaron a su expareja a la cárcel, pero la cosa cambió cuando empezó a disfrutar de los permisos en 2024, cuando el Ministerio de Igualdad había cambiado el adjudicatario del contrato. Denuncia fallos de cobertura y geolocalización y pide que se tomen medidas que garanticen la seguridad de las víctimas.