Los videos falsos o deepfake son un delito de estafa, pero además suponen una intromisión en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. El Gobierno retoca una ley del 82 para modernizar el texto e introducir el término IA. Es ilegítimo el uso de la imagen o la voz generada con inteligencia artificial con fines comerciales o publicitarios. Y las excepciones son los videos de personajes de proyección pública en contexto creativo, sátira o de ficción, o cuando existe interés público y contenido noticiable. El Gobierno pretende atacar la desinformación, y regula además el derecho de rectificación que afectará también a plataformas en línea o redes sociales con más de 100.000 seguidores true crime para que el victimario no pueda obtener proyección personal al participar. El consentimiento será imperativo en el uso de imágenes personales y familiares.