Después de 12 conferencias sectoriales e intentos de llegar a un acuerdo ha llegado el plantón del PP. La ministra de Infancia, Sira Rego, considera lo ocurrido una representación del PP. Le acusa de venderse al racismo de Abascal y amenaza: el reparto de menores se impondrá con real decreto ley y a finales de agosto empezarán los traslados desde Canarias y Ceuta. Contestan las comunidades que más menores recibirán 600 cada una. Madrid y Andalucía acusan al Gobierno de mercadear con los menores inmigrantes para contentar a sus socios de investidura. “No he ido porque no quiero imposiciones. Los niños no son monedas de cambio para aguantar a Sánchez en el Gobierno”, dice la consejera de la Junta de Andalucía. Los beneficiados con cero responsabilidad en la acogida están satisfechos. Los vascos señalan que "son los datos y no nos corresponde ninguno". Los catalanes esgrimen su esfuerzo previo, hablan de que tienen acogidos a más de 5.000 y aseguran que cada año llegan 200 menores a su comunidad “que aparecen” sin explicar por dónde entran. Castilla La Mancha es el verso suelto. Recurre al Constitucional por la falta de consenso y alerta. Porque el Gobierno prometió 250 millones de euros para empezar a cuidar a más de 3.000 niños y al final la financiación se ha quedado en 100. Los canarios explican que con ese dinero no hay ni para tres meses de tutela y recuerdan al Gobierno que no puede exigir responsabilidades al resto cuando ellos no han cumplido lo impuesto por el Supremo. Otros 1. 000 menores son responsabilidad del Gobierno porque han pedido asilo y todavía no ha sido tutelado ninguno.