El Gobierno, el Defensor del Pueblo y las principales instituciones de la Iglesia católica en España han suscrito un protocolo para poner en marcha un sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. El acuerdo establece un procedimiento de carácter extrajudicial orientado especialmente a personas cuyos casos han prescrito o no han sido objeto de actuación judicial. El sistema permitirá solicitar medidas de reparación que podrán incluir compensaciones económicas, así como actuaciones de reconocimiento institucional. El Defensor del Pueblo asumirá un papel central en la tramitación de las solicitudes, con funciones de análisis y valoración de los casos, en coordinación con las entidades implicadas. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos participarán en el desarrollo del sistema y en la aplicación de las medidas de reparación. El protocolo se enmarca en las iniciativas impulsadas en los últimos años para dar respuesta a las víctimas y avanzar en el reconocimiento del daño causado fuera del ámbito penal.