El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial en España. La norma busca adaptar la legislación nacional al Reglamento Europeo de IA y establecer un marco de control sobre una tecnología cada vez más presente en la creación de imágenes, vídeos, audios y sistemas automatizados de decisión.

El texto contempla un régimen sancionador con multas que van desde los 6.000 euros en los casos más leves hasta los 35 millones de euros en las infracciones más graves. Entre esas conductas se incluye la comercialización o utilización de sistemas prohibidos por la normativa europea, así como determinados usos especialmente lesivos para los derechos fundamentales.

Uno de los puntos centrales de la regulación será la obligación de identificar los contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial. El objetivo es que los ciudadanos puedan reconocer cuándo una imagen, un audio o un vídeo han sido creados artificialmente, especialmente en casos de deepfakes, desinformación o manipulación de la imagen de una persona.

La ley también aborda la creación de desnudos falsos y contenidos sexuales generados mediante IA. Esta cuestión se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los reguladores europeos por su impacto sobre la intimidad, la dignidad y la protección de menores. España ha defendido en Bruselas la prohibición de sistemas capaces de generar imágenes sexuales sin consentimiento.

El proyecto forma parte de la estrategia europea para asegurar un uso ético, seguro y transparente de la inteligencia artificial. La normativa comunitaria clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y establece obligaciones más estrictas para aquellos que puedan afectar a derechos fundamentales, seguridad, empleo, educación, servicios públicos o procesos democráticos.

La supervisión recaerá en organismos especializados, entre ellos la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, junto con otras autoridades competentes en materia de protección de datos y derechos digitales. El Gobierno defiende que la ley no busca frenar la innovación, sino impedir los usos abusivos de una tecnología que ya plantea desafíos legales, éticos y sociales de primer orden.