Decenas de menores no acompañados se apuestan frente a la comisaria de Ceuta para ser identificados. Todavía no están registrados ni figuran en las cifras oficiales. Un chico denuncia que le han agredido en la calle; tiene un ojo morado y un parte de lesiones. Según el portavoz del Gobierno de Ceuta ya hay 2.400 menores afiliados, pero un millar continúan en las calles. Cuando cruzan la puerta de la comisaría se activa el protocolo de actuación legal y asistencial estipulado por la Ley de Extranjería y la Ley de Protección Jurídica del Menor. Es la única forma de poder entrar a un centro de acogida. A partir de aquí, la Policía les toma las huellas dactilares, fotografías y hacen un cotejo en las bases de datos. Si no tienen pasaporte, la Fiscalía ordena una prueba ósea para confirmar sus edades. Si se confirma que no han cumplido los 18 años, la ciudad autónoma asume su tutela provisional. Completado el expediente, los Servicios Sociales los trasladan a los centros habilitados o a los módulos de emergencia, donde las instituciones tienen el reto de garantizar que tengan un techo, comida, ropa limpia y asistencia psicológica o social.