Francesc Augé tiene 56 años. Hace dos, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña avaló su derecho a recibir la ayuda a morir. La eutanasia se programó para el mes de septiembre, pero una demanda presentada por su padre, e influido por sus amigos, la paralizó. "Me han sentenciado sin juicio porque me han obligado a vivir", sostiene. En su desesperación, hace solo unos meses Francesc escribió esta una nota al juez. "Esto lo hago para evitar mi sufrimiento", decía en ella. "Ya que la justicia me lo ha impedido. Había pensado en suicidarse, pero el amor a los suyos le hizo rectificar. Ahora, lucha porque su derecho a morir dignamente se cumple. Fueron dos infartos y cuatro ictus, lo que le llevaron a solicitarlo. Puede andar, ayudado por una muleta, pero su dolor, asegura, no se ve. "La gente si lo ve lo entiendo, pero si no lo ve, no. Esto para mí no es vida. Yo respeto a quien quiera quedarse así, me parece muy bien, es su vida, pero esta es la mía". Augé espera que el caso de Noelia sirva de precedente. Junto a ellos la Asociación Derecho a Morir Dignamente pide cambios legislativos para impedir que los tribunales paralicen eutanasias ya aprobadas.