En Canarias el número de menores migrantes no acompañados triplica su capacidad de acogida. Y el decreto ley que entra hoy en vigor debe permitirles que al menos 3.000 sean derivados a la península. “Ya no hay más excusas para que la ley se cumpla, para hacer cumplir la ley y para que se pueda resolver este grave problema de hacinamiento”, declara Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. Las comunidades del PP, según Elías Bendodo, “van a cumplir la ley”, aunque se oponen desde el principio a un reparto que señala Andalucía, Madrid y Valencia como los lugares donde más deben acoger y exime a Cataluña y al País Vasco. Según el PP, porque el Gobierno no quiere contrariar a sus socios de investidura. ”Todos sabemos por qué a Cataluña y al País Vasco no van: porque los gobiernos vascos y catalán han dicho que por ahí no pasan”, ha dicho Bendodo. El Gobierno insiste en que la razón es que Cataluña y País Vasco ya acogen más menores de los que les corresponden. Y que el reparto se basa en criterios objetivos y matemáticos. “Hay una ratio que establece 32 menores por cada 100.000 habitantes y es una ratio que se aplica a todas las comunidades autónomas por igual”, explica Félix Bolaños, ministro de Justicia. Algunas comunidades, como la balear, alegan falta de medios. “El drama es que no podemos realizar esta acogida en condiciones de dignidad”, ha dicho hoy su presidenta, Marga Prohens. Las comunidades del PP han recurrido en los tribunales el mecanismo de reparto. Es el caso de Madrid, que ha anunciado hoy un tercer recurso ante el Tribunal Supremo.