La violenta muerte de una educadora social en Badajoz revive el desafío de educar a los menores que tienen medidas judiciales y garantizar la seguridad de quienes cumplen la tarea. La mayoría de los condenados menores, más de 13.000 en 2023, lo fueron por lesiones, robos y hurtos. Ocho de cada diez son españoles, algunos con medidas judiciales de internamiento cerrado en centros por la gravedad de la infracción, pero más en régimen semiabierto, como el piso tutelado donde vivían los tres adolescentes detenidos. Denuncian los trabajadores sociales falta de vigilantes en pisos tutelados, sobrecarga y precarización de un sistema que subcontrata. La trabajadora asesinada estaba en su turno y sola en el momento de la agresión, aunque había denunciado a uno de los menores. La denuncia de la exposición de los trabajadores sociales a situaciones de conflicto es una reiterada denuncia laboral.

-Redacción-