Tres años de lucha, de angustia, de espera y de sentimiento de indefensión. Es lo que ha vivido Silvia, para llegar, eso sí, a una sentencia favorable: la Seguridad Social deberá devolverle el dinero que pagó en concepto de "cobros indebidos" del Ingreso Mínimo Vital. Una prestación de subsistencia que le concedieron "de oficio", no la pidió, cuyo diseño y gestión ha generado deudas a entre 300.000 y 500.000 familias, según explica Cristina, portavoz de la Platafora de Afectados por el IMV. La Seguridad Social, reza la sentencia, dejó a Silvia en una situación de "indefensión". En la que se encuentran miles de personas, porque la Administración, que es quien ha generado este problema, deja a los afectados como única salida la "lucha judicial", asevera Cristina. Acudir a los tribunales y esperar sentencias que tardan años, mientras la deuda crece con intereses del 20%. Solo el Defensor del Pueblo contestó a las demandas de Silvia, presentó siete entre recursos y demandas, y fue a través de él como se enteró de que según la Seguridad Social había sobrepasado los ingresos permitidos para cobrar el IMV, porque tenía una pensión alimenticia para su hijo. "No debe contabilizar", explica indignada "porque es un derecho del menor". Además, ella no ocultó esa aportación, simplemente la Seguridad Social no comprobó que la cobraba. Ese es uno de los problemas principales, que es una prestación con un techo, que se revisa de manera retroactiva (con rentas que no se corresponden con la situación actual de la familia, y que se "anula" en cuanto se produzan cambios en la unidad familiar. El Defensor del Pueblo ha pedido también al Gobierno, en sus informes de 2024 y 2025, que se perdone al deuda porque se ha contraído "sin mala fé y por responsablidad de la Administración". Algunos tribunales ya han apuntado a esta causa para dar la razón a los afectados y Sumar ha presentado en el Congreso una Proposición no de Ley en el mismo sentido. Pero los afectados aseguran que no es suficiente con exonerar la deuda, sino que hay que cambiar la ley que regula el Ingreso Mínimo Vital.