Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en las localidades malagueñas de Mijas Costa y Marbella una organización criminal de carácter internacional especializada en la fabricación y distribución de permisos de conducir falsos del Reino Unido. La operación ha contado con la colaboración con el Border Security Command de la Embajada del Reino Unido en España. La trama utilizaba empresas legales de paquetería para distribuir la documentación falsificada a Reino Unido y otros países europeos, cobrando alrededor de 300 euros por cada documento. Asimismo, los agentes intervinieron 592 permisos de conducir falsificados, más de 56.000 euros en efectivo y un laboratorio clandestino capaz de producir hasta 100 documentos al día. Finalmente, han sido detenidos dos presuntos responsables, de nacionalidad británica y ucraniana, considerados cabecillas de la organización. La investigación se inició tras la comunicación realizada por las autoridades británicas a los agentes españoles, después de detectar e intervenir cuatro envíos postales procedentes de España que contenían un total de 287 permisos de conducir británicos falsificados. El hallazgo puso de manifiesto la existencia de un flujo continuado de documentación fraudulenta con destino principalmente al Reino Unido. A raíz de esta información, los investigadores centraron sus pesquisas en un entramado criminal asentado en la Costa del Sol, dedicado presuntamente a la fabricación sistemática y distribución internacional de documentación falsa. Las gestiones policiales permitieron identificar tanto a los integrantes de la organización como el lugar donde elaboraban los documentos y desarrollaban toda la infraestructura logística necesaria para su envío. Durante la investigación, los agentes interceptaron un nuevo paquete postal relacionado con los investigados. Tras la correspondiente autorización judicial, se procedió a su apertura, localizándose en su interior otros 101 permisos de conducir falsificados. Con esta actuación, los investigadores lograron intervenir un total de 388 documentos fraudulentos antes de la fase de explotación de la operación.