Una propuesta inconstitucional y que va en contra del convenio europeo de los derechos humanos. Si las deportaciones masivas son en sí mismas ilegales, lo son más aún cuando lo implicados son menores de edad, niños. La realidad es que en España se efectúan expulsiones que se aplican a extranjeros con condena en firme o personas en situación irregular con delitos graves o multireincidentes, en este caso sin necesidad de condena y por resolución administrativa. Los costes son elevados y especialmente si hablamos de una deportación masiva. Otra realidad a tener en cuenta es la logística, porque suele ser un proceso largo y con garantías Además, los países de origen tendrían que aceptar la devolución de todos estos inmigrantes.