Pamplona. A las puertas de los Sanfermines de 2016, una joven de 18 años fue agredida sexualmente por cinco hombres en el portal de un edificio. Años después, el Tribunal Supremo dictaminó que los hechos constituían una violación continuada “especialmente humillante, degradante y vejatoria”, una resolución que puso el punto final judicial al conocido caso de La Manada. El camino hasta esa sentencia no fue sencillo. La resolución inicial de la Audiencia Provincial de Navarra, que condenó a los acusados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento, y su posterior confirmación por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, provocaron una enorme controversia social. La pregunta que recorrió las calles fue inmediata: ¿cómo podía considerarse abuso y no violación? A la conmoción causada por las circunstancias de la agresión le siguió una ola de indignación que desembocó en una movilización sin precedentes. Para muchos, aquel caso marcó el inicio de una nueva etapa del movimiento feminista en España, impulsó un cambio en la conciencia social y contribuyó a abrir el debate sobre la necesidad de reformar la legislación sexual. Ese debate acabaría cristalizando en la ley del “solo sí es sí”, una norma que, pese a las polémicas, modificaciones y dificultades en su aplicación, ha consolidado un principio fundamental: situar el consentimiento en el centro de cualquier relación sexual. José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo fueron finalmente condenados a 15 años de prisión por agresión sexual en grupo. Mientras tanto, la víctima ha rechazado el papel de heroína que muchos le atribuyen por una denuncia que cambió el rumbo de la conversación pública en España. “La fuerza para continuar”, escribió, “me la han dado el calor y el apoyo que he sentido a lo largo de este camino”.