El Comité Europeo de Derechos Sociales ha admitido a trámite una reclamación de la organización ATD Cuarto Mundo, contra España por la Ley del Ingreso Mínimo Vital y los cobros indebidos que la gestión errática de la Administración, en concreto de la Seguridad Social, está generando entre colectivos ya muy vulnerables. El IMV es una prestación que va dirigida a las personas en situación de pobreza severa, pero incluye, según explica el abogado Juan Carlos Rois, límites de acceso y cuantías por debajo del mínimo establecido que vulneran la Carta Social Europea. Aunque no hay datos, según denuncian por falta de transparencia del Ministerio de Seguridad Social, sobre el número total de afectados por los "cobros indebidos" se sabe que son decenas de miles las personas vulnerables a las que se les concedió el IMV y que ahora, porque se hacen las revisiones con ingresos desactualizados tomando como base la declaración de la renta, y porque se cuentan como ingresos ayudas a menores (como pensiones de orfandad, becas de estudios o pensión de alimentos) que no se habían tenido en cuenta al concederse, viven con la incertidumbre de una "deuda" que puede ser reclamada en cualquier momento. Una deuda que, la Seguridad Social va a ejecutar a pesar de la situación de vulnerabilidad de los afectados y, además, sin tener en cuenta que es un problema generado por la propia Administración. La deuda total, según el Defensor del Pueblo, es de 500 millones de euros. El propio Defensor del Pueblo también ha pedido que no se reclame esta deuda ante las condiciones en que ha sido generada. El objetivo de esta reclamación, que deberá seguir su proceso ahora, es que el Consejo de Europa obligue al Gobierno cambie la Ley del Ingreso Mínimo Vital y que estas deudas se condonen.