Por segunda semana consecutiva, el derecho al aborto se ha situado en el centro del debate político. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado elaborar en los hospitales de la comunidad el listado de médicos que invocan la objeción de conciencia para no practicar abortos, como exige la ley de 2023. Según la Organización Médica Colegial (OMC), este mecanismo tiene una función organizativa y garantiza que sea compatible el derecho de los profesionales a la objeción con el de las mujeres a interrumpir su embarazo. Pero el Colegio de Médicos de Madrid se ha alineado con Ayuso al considerar que se trata de una "lista negra con el único objetivo de discriminar", según afirma su presidente Manuel Martínez-Selles que teme represalias profesionales contra los objetores. La OMC asegura sin embargo que la ley es garantista y protege a los médicos.