Jessy, una dependienta que sufrió un drástico cambio de trato por parte de sus superiores tras anunciar su transición de género, es el reflejo de una realidad al alza. A pesar de mantener unos excelentes resultados de ventas en su puesto, la trabajadora recibió la carta de despido tan solo un mes después de comunicar su situación. Desde entonces, su búsqueda de empleo se ha convertido en un camino lleno de obstáculos, acumulando más de treinta entrevistas de trabajo fallidas en un periodo de cinco meses sin conseguir una nueva oportunidad laboral. Este tipo de situaciones coincide con el alarmante repunte de la intolerancia en los entornos profesionales. Según los últimos datos de la Federación Estatal LGTBI+, el ámbito laboral ha escalado posiciones de forma preocupante en tan solo un año, pasando de ser el sexto al segundo lugar donde se registran más discursos de odio. Los profesionales del sector apuntan a que el rechazo y la discriminación activa hacia los empleados trans y del resto del colectivo se están consolidando como una tendencia al alza en los centros de trabajo. Ante este panorama, la legislación vigente intenta poner freno a la discriminación a través de herramientas normativas. La conocida como Ley Trans recomienda explícitamente a las empresas que cuenten con más de cincuenta trabajadores la implementación de planes de diversidad LGTBI. Estas medidas proponen, entre otras iniciativas, la creación de grupos de voluntarios integrados por la propia plantilla para fomentar la inclusión, una fórmula que ya aplican algunas corporaciones como DKV, pero que todavía está lejos de convertirse en la norma general dentro del tejido de las grandes compañías.