Pese a la predisposición a colaborar de Carlos Mazón, la jueza sigue esperando a que la Generalitat informe de quién decidió emitir la alerta a las 20:12 de la tarde y quién ejecutó esa orden cuando el barranco del Poyo y el río Magro ya se habían desbordado. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, lanza su acusación y dice que "si no hubiesen borrado las grabaciones del Cecopi podríamos determinarlo". El mensaje instaba a evitar desplazamientos y, según el auto judicial, la población desconocía el altísimo riesgo que había porque parte de las víctimas de avanzada edad fallecieron en sus domicilios situados en las plantas bajas. "Es imposible trasladar una información que no se tiene", según Mazón. En este sentido la magistrada también quiere saber cómo comunicó la Confederación Hidrográfica del Júcar la evolución del caudal entre las 16:13 y las 18:42. Un intervalo en el que no hay evidencia de mensajes. Durante la mañana, la Confederación remitió cuatro correos en los que se informó de cómo la tendencia del caudal iba descendiendo. En una nota de prensa del pasado mes de noviembre aseguraron que, a partir de las cinco de la tarde, reunidos en el Cecopi, se notificó de manera verbal el incremento generalizado de los caudales. Se volvió a hacer entorno a las seis. La última comunicación antes de las siete y, aun así, pasó una hora más hasta que saltó la alarma.

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