La presión asistencial y logística en Ceuta alcanza niveles críticos. Lo que empezaron siendo asentamientos provisionales en las playas se han convertido en poblados chabolistas estables y consolidados, donde cientos de personas malviven en condiciones de extrema vulnerabilidad. En la playa de Benítez, la Policía Nacional intenta desalojar a los que se han instalado junto a una planta desalinizadora, para facilitar los accesos a esta infraestructura crítica.

La falta de salubridad ha convertido el litoral en una incubadora de patologías. Las heridas causadas por las rocas, con la fricción del salitre, la exposición prolongada al sol y la imposibilidad de lavarse con agua dulce, están derivando en abrasiones, dermatitis severas e infecciones cutáneas profundas. A esto se suman episodios de hipotermia nocturna, afectaciones respiratorias y gastroenteritis agudas.

La alarma epidemiológica ha saltado tras la notificación oficial de un brote de varicela con al menos seis contagiados confirmados. Al ser imposible garantizar el aislamiento y las medidas mínimas de higiene, han tenido que ingresarles en el Hospital Universitario. La llegada incesante de pacientes ha desbordado las instalaciones, dejando las Urgencias al límite de su capacidad debido a la falta de personal facultativo y recursos asistenciales. Ante el riesgo real de una crisis de salud pública comunitaria, el colectivo sanitario, encabezado por el Sindicato de Médicos y el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, ha convocado una manifestación este próximo jueves para exigir el envío inmediato de refuerzos.

Mientras, la tensión social y la economía sumergida se multiplican en las calles. Se han registrado enfrentamientos entre grupos de migrantes y un creciente malestar vecinal en las barriadas colindantes. Una situación que aprovechan las mafias, para la contratación ilegal de mano de obra en sectores como la albañilería, la mecánica o la pintura, donde se llegan a pagar jornadas de 15 euros al día a cambio de comida y cama.

Para tratar de frenar el colapso, el Ejecutivo central y las autoridades locales ultiman la reubicación de más de 800 personas desde la zona de Loma Colmenar hasta el campamento de los Rosales, elevando a 4.300 las plazas cubiertas en las distintas instalaciones temporales habilitadas (con el objetivo final de alcanzar las 6.000).