Gisela y Jira Cristina se abrazan al recibir su certificado de autorización provisional. Ambas son de Colombia, de donde vienen un 30% de las solicitudes, y forman parte del más de millón de migrantes sin papeles que han solicitado la regularización. Un trámite que ha sido todo menos fácil. El plazo termina hoy y muchos se han quedado fuera por no poder presentar los papeles que acreditan que cumplen con los requisitos. Para los que han tenido más suerte, el siguiente paso es obtener la resolución definitiva para pasar de la economía sumergida y en muchos casos de la explotación y la precariedad a poder firmar contratos, acceder sin trabas a la sanidad y otros servicios públicos y también pagar impuestos directos y cotizar. Se estima que cada migrante regularizado aportará de promedio unos 3.500 euros anuales a las arcas del Estado.