A partir del mes de diciembre un nuevo reglamento obligará a los alojamientos turísticos a pedir más datos a sus clientes. El Ministerio del Interior asegura que se respetará la Ley de Protección de Datos y que se trata de una medida contra amenazas terroristas y el crimen. Sin embargo, algunos medios extranjeros hablan de abuso de control. Por su parte, el sector turístico, que se ha unido en bloque para paralizar la aplicación de este real decreto, se niega a asumir esta responsabilidad.

-Redacción-