Solo una semana ha tardado la sala penal del Tribunal Supremo en alcanzar un fallo. Condena a Álvaro García Ortiz a una pena de multa de 7.200 euros y, lo que es más importante, su inhabilitación como fiscal general durante dos años por revelar datos tributarios confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Los jueces le consideran culpable de un delito de revelación de secretos al considerar probado que él no cumplió con su deber custodia de documentos secretos, y filtró ese correo electrónico a la prensa en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía recopilaba toda la información del caso para desmentir los bulos que difundía el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como responsabilidad civil se declara que Álvaro García Ortiz deberá indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales.