La Intervención General del Estado ha concluido en su informe sobre los contratos públicos por los que se investiga a Begoña Gómez que pudo haber "fraude de ley". El informe pone en cuestión la fórmula con la que se puntuaba a las empresas y destaca el borrado de información y la falta de firma de los técnicos. Por otro lado, la Guardia Civil ha remitido la investigación que le encargó el juez Peinado sobre los correos de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Los agentes han contrastado más de 100 correos de gestiones para el patrocinio de la cátedra a los largo de tres años.