El rey Juan Carlos I no tiene causas penales abiertas ni está siendo investigado. Pero su relación, con Hacienda marcó un antes y un después.

En 2020, tras estallar las investigaciones de la Fiscalía, Juan Carlos I abandona España y fija su residencia en Abu Dabi.

Meses después, regulariza más de cinco millones de euros ante la Agencia Tributaria. Un pago que le evita el banquillo.

Para saldar la deuda recibe préstamos de amigos empresarios, dinero con origen desconocido.

En 2022, la Fiscalía archiva el caso. En los tribunales, capítulo cerrado. Pero si vuelve a España, la historia cambia.

Como cualquier contribuyente, tendrá que presentar la declaración de la renta. Declarar todos los bienes que tenga en el extranjero. Aflorar todo su patrimonio.

Y hay un dato clave. Desde que su hijo, Felipe VI, le retiró la asignación pública, depende exclusivamente de sus recursos privados.

Con el tiempo transcurrido, Hacienda no cuestionará el origen de su posible patrimonio en el extranjero, pero sí le obligaría a tributar por ello.

Si regresa, no será solo una vuelta personal, será también su regreso fiscal.