V640-BARCELONA MANIFESTACION VIVIENDA CONFERENCIA PTES

Coincidiendo con la celebración de la XXVIII Conferencia de Presidentes en Barcelona, representantes de colectivos vecinales y de defensa del derecho a la vivienda han alzado la voz para denunciar la gravedad de la crisis habitacional en la ciudad y la falta de soluciones reales por parte de las administraciones. Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha declarado: “Hoy hemos venido a la conferencia de presidentes para decir basta. Ellos creen que el problema de la vivienda ya está encaminado con la ley de vivienda y promesas de futuras construcciones. Y no es así, estamos peor que nunca.” Arcarazo ha criticado que la ley y los anuncios de nuevas promociones no están sirviendo para frenar la escalada de precios del alquiler ni para garantizar el acceso a la vivienda, especialmente en Barcelona, donde denuncia que los alquileres son “inaccesibles” y la vivienda protegida “está desapareciendo”. El sindicato avisa que mantendrá la movilización social hasta que se adopten medidas efectivas. Por su parte, Aran Llivina, vicepresidenta de la asociación Som Barri, ha alertado sobre la inminente situación de emergencia social en el barrio de Vallcarca, donde “en las próximas semanas unas 40 personas, 13 de ellas menores, serán desalojadas y sus edificios derribados por un plan urbanístico de 2002”. Llivina denuncia la falta de diálogo con los vecinos y advierte de que la aplicación de este plan amenaza con destruir edificios públicos y expulsar a familias sin alternativas habitacionales. Las protestas de estos colectivos se producen mientras los presidentes autonómicos debaten en el Palau de Pedralbes sobre un nuevo acuerdo estatal de vivienda, que prevé triplicar la inversión pública en el sector entre 2026 y 2030 y blindar la vivienda protegida para evitar la especulación. Sin embargo, las organizaciones vecinales insisten en que las medidas anunciadas no responden a la urgencia de la situación y exigen acciones inmediatas para frenar los desahucios y garantizar el derecho a una vivienda digna.