El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha comparecido este viernes en rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en Barcelona, donde ha centrado su intervención en la crisis migratoria y la situación de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las islas. Clavijo ha reconocido que no era optimista respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos importantes en materia migratoria, señalando que el reglamento exige el respaldo de la Presidencia del Gobierno y al menos dos tercios de las comunidades autónomas para aprobar cualquier propuesta relevante. “No venimos en el mejor contexto político”, ha afirmado, lamentando la falta de trabajo previo entre los equipos técnicos de las comunidades y los ministerios, así como la ausencia de un orden del día pactado, lo que, a su juicio, “ya hace que la conferencia empiece mal”. Durante su intervención, Clavijo ha pedido a los presidentes autonómicos que dejen de utilizar tácticas para retrasar el traslado de los menores migrantes desde los territorios frontera, recordando que la ley ya establece los procedimientos a seguir. “Puedo entender que recurran la ley si consideran que afecta a sus comunidades, pero no que se retrase la salida de esos niños porque estamos vulnerando sus derechos”, ha señalado, reclamando al Estado que asuma su competencia y ponga los recursos necesarios para atender a los menores que han solicitado asilo político. El presidente canario ha insistido en la necesidad de una respuesta de país y de un sistema estatal que garantice la solidaridad entre territorios, como se pretendía con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. “No podemos dejar solas a las comunidades que son frontera”, ha subrayado. En materia de vivienda, Clavijo ha defendido que se permita a las comunidades limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros a través de figuras impositivas y restricciones a la residencia. Además, ha solicitado que Canarias pueda utilizar el superávit de sus corporaciones locales y autonómicas, recordando que el 40% de los 7.000 millones de euros de recursos públicos que se movilizarán provienen de las comunidades autónomas. Clavijo concluyó reclamando “remover conciencias” para que se cumpla la ley nacional y los tratados internacionales, y para que la protección de la infancia migrante sea una prioridad real en la agenda política del Estado.