El Gobierno de Asturias ha vuelto a rechazar hoy que la reforma del sistema de financiación autonómica se plantee “como un contrato de adhesión”. Guillermo Peláez, portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, ha reclamado una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas y ha advertido que para el Principado la aplicación de la ordinalidad supone “una línea roja”. El principio de ordinalidad supone que cada comunidad reciba fondos en función de su aportación al sistema. Así, si una autonomía es la que más recursos inyecta, ha de ser también la que más obtenga. Como consecuencia, el orden es el mismo, tanto en las aportaciones como en la recepción de fondos. En la práctica, este principio supone un límite a la redistribución y, por consiguiente, a la nivelación y la solidaridad. Para el Gobierno de Asturias, este planteamiento no es aceptable. Guillermo Peláez ha recordado que está expresamente rechazado en el acuerdo de los grupos parlamentarios de la Junta General como en la Declaración de Santiago suscrita por ocho comunidades autónomas, los dos documentos de referencia del Principado en este asunto.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1. TOTALES GUILLERMO PELÁEZ, CONSEJERO HACIENDA
2. TOTALES ADRIANA LASTRA, DELEGADA DEL GOBIERNO