En las más de 300 páginas del nuevo informe de la UCO se revela que no existen fondos ocultos ni cobros irregulares por parte de Begoña Gómez. Según los agentes, la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que ha venido desarrollando. La creación de su cátedra se hizo, apuntan, de manera legal y de la que cobró 17.000 euros en dos años. Donde sí pone el foco la Guardia Civil es en la gestión de los contratos ligados al desarrollo del software “Transforma TSC”, impulsado desde la cátedra universitaria. Contrataciones con la empresa Making Science, donde sostienen que se prestó un servicio valorado en 20.000 euros sin, “ni tan siquiera, haber tramitado un expediente administrativo". También con la empresa Deloitte. Aseguran los agentes que los contratos pudieron diseñarse "para dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios". Unos trabajos que previamente ya estaban pactados. La UCO incluso desmiente a la mujer del presidente: la plataforma sí "llegó a mantener una actividad comercial". Además, señalan que su creación supuso un coste económico para la Complutense de más de 108.000 euros, por lo que las acusaciones populares apuntan a un posible delito de apropiación indebida, ya que Gómez puso el dominio a su nombre.