La conocida como Ley de Nietos permite obtener la nacionalidad a hijos y nietos de ciudadanos españoles que la perdieron, entre otros motivos, a causa del exilio político o ideológico. Una reciente decisión del Tribunal Supremo ha dictaminado la suspensión cautelar del derecho a voto de sus beneficiarios, con la única excepción de aquellos que acrediten de manera directa descender de españoles exiliados durante la Guerra Civil o la dictadura. Desde el tribunal aclaran que esta resolución provisional no deroga la ley ni retira la nacionalidad a ninguna de las personas que ya la han obtenido. La medida ha provocado un marcado choque de posturas en el ámbito político. Mientras el Gobierno ha manifestado su discrepancia con la resolución judicial y confía en que la sentencia definitiva se promulgue antes de la convocatoria de las próximas elecciones, las fuerzas de la oposición han celebrado la decisión. En particular, desde Vox y la plataforma Iustitia Europa han reivindicado el pronunciamiento judicial con especial entusiasmo, al haber sido los promotores directos de la solicitud de esta suspensión cautelar.