El fiscal al banquillo...es lo que propone el juez Hurtado. Considera que, (lo matiza) aunque García Ortiz borró el contenido de sus teléfonos, hay indicios suficientes para mandarle a juicio por un delito de revelación de secretos. Y va más allá, sostiene que la filtración se hizo “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno", pues el correo en el que se reconoce que el novio de Ayuso cometió dos delitos fiscales llegó también a altos cargos de la Moncloa, antes de ser publicado en los medios. Que desde allí se dieron instrucciones para hacer un uso político de esa información. Bolaños ha desmentido categóricamente que desde Moncloa se participase en la filtración y ha defendido a ultranza al fiscal general. Pero el juez cree que García Ortiz “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales”. Procesa también a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, participó en esas conversaciones. Imputa a los dos tras más de siete meses de investigación y lo comunica en auto muy crítico en el que señala que la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la Fiscalía General del Estado.