El Supremo pasa de la crítica a la advertencia. Los ministros Bolaños y Albares podrían tener que hacer frente a multas de 1.000 euros o a responsabilidades penales si no identifican, con nombres y apellidos, los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos que tienen el voto suspendido.

Bolaños habla por él y por Exteriores. Y asegura que van a reiterar las instrucciones para cumplir los plazos del Supremo.

Desde el PP señalan que ya no es un plazo, sino un ultimátum. Porque ese plazo termina el miércoles que viene.

El Tribunal critica la falta de acción del Gobierno y el Ejecutivo alega muchas dificultades para revisar uno a uno los expedientes.

La novedad es que el Supremo fija cómo será este proceso electoral. Para empezar, desde mañana todos los inscritos en el Censo de Ausentes van a recibir un mensaje en el que se les advierte que quizá no puedan llegar a ejercer en plenitud su derecho a voto.

Se informa además que los nacionalizados por la ley de nietos que quieran votar, tendrán que presentar un certificado documentando el exilio. Por el momento sólo se han elaborado 91.

Para cuando metan su elección en el sobre de voto la Oficina del Censo ya habría recibido el listado de identificados y los habría sacado del CERA.

Ese nuevo censo estará en manos de los Consulados. Cuando les llegue el voto de una persona apartada no lo meterán en la urna... pero sí lo enviarán a España. Esos votos apartados no se contarán pero se guardarán ante posibles impugnaciones.