Que se sepa, hasta ahora Alberto Garzón siempre había estado en contra de las puertas giratorias. El que llegara a ser titular de la cartera de Consumo, llegó a espetar al Gobierno de Rajoy en el Congreso: "Roma no sabemos, pero España está pagando a traidores" El mismo que criticaba la lista interminable de altos cargos que acaban en empresas privadas ha tenido esta semana que dar marcha atrás para no acabar contratado por una consultora menos de un año después de su cese como ministro de Consumo. Antes que él muchos otros sí lo han hecho, las compañías energéticas fueron el destino dorado durante un tiempo de algunos expresidentes como Felipe Gonzalez y José María Aznar. Ministros socialistas como Elena Salgado, Pedro Solbes o Josep Borrell y populares Luis de Guindos, Ana Palacio o Ángel Acebes recalaron también durante una época en ellas. No solo eléctricas; bancos, telecos, constructoras o consultoras han reclamado estos perfiles estrella. Para Elisa de la Nuez, portavoz de la fundación Hay Justicia, que lleva años vigilando el fenómeno de las puertas giratorias "Los contratan empresas que tienen una gran dependencia de las administraciones públicas no sólo en temas de regulación también en la contratación". No todos los altos cargos lo hacen. Algunos vuelven a los empleos que tenían antes. Es lo que ocurrió hasta que se jubiló con Mariano Rajoy que volvió a ocupar su puesto de registrador de la propiedad o con, el compañero y ahora muy crítico con Garzón, Pablo Iglesias que cuando dejó su cargo regresó a la docencia en la Universidad Complutense. "El problema, cada vez mayor, es el de gente que no tiene una profesión distinta a la de la política. Luego no tienen donde ir y lo que pueden vender al sector privado es básicamente tu experiencia política, tu agenda de contactos o tus relaciones con el poder", asegura de la Nuez. El movimiento de Garzón ha puesto el foco además en Acento, la potente consultora fundada por el ex ministro de Fomento socialista José Blanco y plagada de ex políticos del PSOE o el PP. La ley exige a los altos cargos que durante dos años no pueden trabajar para una empresa privada que se haya visto afectada por sus decisiones. Positivamente se entiende. Pero con Garzón paradójicamente se da todo lo contrario. La consultora que lo iba a contratar apoya posturas a las antípodas de lo defendido por el exministro al trabajar como grupo de presión para una casa de apuestas. Un sector contra el que Garzón legisló duramente, cuando fue ministro de consumo.

-Redacción-