El PSOE ha solicitado a la Audiencia Nacional que precise exactamente qué pagos en efectivo debe entregar tras el requerimiento judicial que ordenaba documentar todos los movimientos de caja entre 2017 y 2024. La formación recuerda que el juez no especificó si la petición abarca únicamente a las personas investigadas —como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García— o si afecta a todos los empleados del partido, incluido el propio presidente del Gobierno en su etapa como secretario general. Ferraz argumenta que, sin esa concreción, la orden podría derivar en una “investigación prospectiva”, algo prohibido por la ley, y pide autorización para excluir de la entrega los gastos de trabajadores ajenos al caso con el fin de proteger sus datos personales. El movimiento del juez Ismael Moreno fue el primero tras recibir la causa del Tribunal Supremo. La UCO había aportado un informe en el que reflejaba pagos en metálico entregados a Ábalos y Koldo —algunos en sobres y sin respaldo documental suficiente, según los agentes— lo que motivó que el exgerente y una secretaria de Ferraz fueran interrogados. En sus alegaciones, el PSOE sostiene que todos los importes se corresponden con gastos adelantados y reembolsos habituales, tanto a nombre de los investigados como de la Secretaría de Organización, lo que explicaría las dudas de la Guardia Civil. Desde el inicio del caso, la dirección socialista insiste en que “todo el efectivo es legal” y que pueden acreditar “la trazabilidad de cada euro”. Entre esos pagos podrían figurar los que, días atrás, el presidente Sánchez reconoció haber recibido en su etapa orgánica: “Yo también he cobrado seguro en algún momento ese dinero”, dijo al referirse a reembolsos ordinarios dentro del partido. El uso de metálico tampoco es extraño en la Administración. El ministro de Transportes, Óscar Puente, mostró recientemente que los fondos en efectivo continúan empleándose durante determinados viajes oficiales fuera de Madrid.